El empresario Ricardo Salinas Pliego ha generado nuevamente polémica en redes sociales al señalar que el gobierno de Claudia Sheinbaum estaría desviando recursos públicos para apoyar a la dictadura en Cuba. Estas declaraciones surgen en medio de la controversia por la falta de transparencia en los pagos realizados por Cuba a Pemex y su filial Gasolinas Bienestar, relacionadas con la importación de petróleo y combustibles.
Salinas Pliego sugirió que los recursos que México envía a Cuba podrían estar retornando al país para financiar al partido Morena, lo que ha incrementado el debate sobre el destino y uso de estos fondos públicos.
Este señalamiento ocurre en un contexto donde la sociedad civil y expertos en transparencia exigen a Gasolinas Bienestar que haga públicos los comprobantes de pago de las exportaciones hacia Cuba. Aunque la filial alega que no está legalmente obligada a proporcionar esta información por ser una sociedad mercantil, especialistas insisten en que, al manejar recursos públicos, se debería garantizar la transparencia.
Por su parte, críticos han señalado que el empresario está utilizando esta controversia sobre la transparencia para impulsar narrativas ideológicas y cuestionar a la administración federal, a pesar de que sus propias empresas han enfrentado investigaciones por adeudos fiscales millonarios con el SAT y contratos gubernamentales.
Según datos publicados por El Universal, entre julio de 2023 y junio de 2025, Pemex habría exportado a Cuba entre 19 mil y 23 mil barriles diarios de combustibles, con un valor aproximado de mil 300 millones de dólares. Sin embargo, no hay evidencia pública que respalde la afirmación de que estos recursos estén siendo desviados para fines políticos.
El mensaje del empresario ha polarizado la opinión pública en redes sociales, generando apoyo en algunos sectores, mientras que otros cuestionan la intención y la falta de pruebas detrás de las acusaciones, especialmente considerando los intereses de Salinas Pliego en el sector energético.
Este episodio vuelve a abrir la discusión sobre el acceso a la información pública en empresas estatales y cómo las críticas de personajes con influencia económica pueden moldear la opinión pública aun sin contar con evidencia documental sólida.
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