El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió al centro de la polémica. Después de presumir en redes sociales que era un contribuyente ejemplar y que “pagaba lo que le tocaba”, ahora asegura ser víctima de una “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México. Su conglomerado, Grupo Salinas, incluso anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El giro en el discurso es tan abrupto como evidente: hace apenas unos meses, Salinas se jactaba ante sus seguidores de ser un ciudadano que cumplía con el fisco, e incluso lanzaba críticas contra quienes “lloraban” por pagar impuestos. Hoy, sin embargo, el magnate se presenta como un empresario acosado por el Estado y se dice dispuesto a buscar amparo fuera del país.
El comunicado emitido por Grupo Salinas sostiene que la administración federal los somete a un trato injusto y parcial en los procesos fiscales que enfrenta el consorcio, motivo por el cual recurrirá a instancias internacionales. La narrativa de la “persecución” llega justo después de que el SAT y la Procuraduría Fiscal reiteraran que el grupo mantiene adeudos multimillonarios que datan desde 2008 hasta 2013.
La respuesta oficial no se hizo esperar. La Procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, subrayó que el SAT no dará respuesta inmediata a los oficios de Grupo Salinas, ya que las empresas del consorcio suelen interponer recursos legales para retrasar el cobro de sus deudas. Añadió que, si realmente desean pagar, pueden hacerlo “hoy mismo” sin necesidad de intermediarios ni reuniones especiales.
En lugar de aceptar esa puerta abierta, el conglomerado optó por tomar el papel de víctima, acusando a las autoridades de prejuzgar su caso desde “la más alta tribuna del país”. Según su versión, la actitud del Gobierno vulnera su derecho a la defensa y por eso llevará la queja ante la CIDH.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, aclaró que nunca existió un acuerdo con la administración anterior para saldar los adeudos de Grupo Salinas, como el propio empresario ha insinuado. Afirmó que hubo conversaciones, sí, pero sin llegar a ningún pacto ni monto definido, debido a que el consorcio discrepaba constantemente del cálculo fiscal.
Frente a estas precisiones, el grupo empresarial insistió en que sí hubo acuerdos de palabra, apelando a la “validez moral” de los tratos informales. Es decir, prefiere la palabra dada que un documento firmado —una lógica curiosa para quien enfrenta procesos legales por miles de millones de pesos.
Mientras tanto, Ricardo Salinas Pliego sigue usando sus redes sociales para reforzar su papel de empresario perseguido, alternando entre bromas, sarcasmos y ataques a sus críticos. Pero detrás del humor que suele acompañar sus publicaciones, se asoma una realidad incómoda: el magnate que antes se burlaba de quienes reclamaban al SAT, ahora encabeza la queja más sonora contra el mismo órgano que juraba respetar.
La historia, al final, parece más una tragicomedia fiscal que un caso de derechos humanos. Porque, mientras Salinas Pliego se victimiza ante la CIDH, el SAT y la Suprema Corte siguen discutiendo algo mucho más concreto: si sus empresas deben o no pagar los impuestos que el fisco reclama desde hace más de una década.
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