Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, los partidos PAN y PRI han exigido la renuncia del gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, responsabilizándolo de la violencia que golpea al estado. Sin embargo, las críticas de ambos partidos resultan contradictorias, considerando que durante sus propios gobiernos México alcanzó niveles históricos de inseguridad y corrupción.
El diputado panista Federico Döring aseguró que el gobernador no representa un factor de gobernabilidad y acusó su falta de control ante el crimen organizado. No obstante, fue precisamente bajo administraciones panistas —como la de Felipe Calderón— cuando se desató la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una estrategia que militarizó el país y multiplicó los homicidios y desapariciones.
Del mismo modo, el PRI, encabezado por Alejandro “Alito” Moreno, responsabilizó a Morena del crimen de Manzo y acusó al actual gobierno de permitir que ser opositor se convierta en una amenaza mortal. Pero las palabras del dirigente priista contrastan con la realidad: durante los gobiernos priistas, el país fue escenario de algunas de las peores masacres, violaciones a derechos humanos y pactos entre políticos y cárteles.
Ambos partidos pretenden erigirse hoy como defensores de la paz y la legalidad, cuando sus administraciones dejaron una estela de sangre, corrupción y colusión con el crimen organizado. En lugar de asumir su responsabilidad histórica, utilizan cada tragedia como bandera política para golpear a sus adversarios, sin ofrecer soluciones reales a la crisis de seguridad que ellos mismos ayudaron a construir.
El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento público en Uruapan, es un hecho lamentable que evidencia la grave situación de violencia política que vive México. Sin embargo, la respuesta de PAN y PRI parece más un intento por sacar provecho electoral que un compromiso genuino con la justicia o con las víctimas.
La exigencia de renuncia a Ramírez Bedolla por parte de quienes llevaron al país a una de las etapas más violentas de su historia no solo resulta políticamente oportunista, sino también profundamente hipócrita. México continúa pagando el costo de las decisiones tomadas por esos mismos partidos que hoy, desde la oposición, pretenden presentarse como salvadores.
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