La marcha ciudadana realizada este domingo en Morelia, que surgió como un llamado legítimo de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, terminó convertida en escenario de violencia y manipulación política. De acuerdo con información oficial, figuras vinculadas al PRI y al PAN participaron activamente en la movilización que culminó con la irrupción violenta al Palacio de Gobierno de Michoacán, evidenciando lo que podría ser un intento del llamado PRIAN por capitalizar el descontento ciudadano.
El evento, convocado bajo el lema “Basta de omisiones y abusos”, reunió a cerca de 800 personas que marcharon pacíficamente por el Centro Histórico de Morelia. Sin embargo, al llegar al Palacio de Gobierno, un grupo de aproximadamente 150 manifestantes —algunos encapuchados— rompió las puertas del recinto y lanzó palos, piedras y bombas molotov, provocando incendios y destrozos en oficinas gubernamentales. Siete personas fueron detenidas durante la intervención de las fuerzas de seguridad.
Videos compartidos en redes sociales muestran que la mayoría de los asistentes se retiró cuando comenzaron los disturbios, mientras un grupo minoritario y claramente organizado permaneció para generar caos. Las autoridades identificaron entre los promotores de la protesta a Mauricio Hernández Salmerón y Raúl Meza Avance, integrantes del grupo Revolución Social, vinculado al PRI; así como al exmagistrado federal Froylán Muñoz y a Alan Juárez, actual funcionario panista en el Ayuntamiento de Morelia.
De acuerdo con fuentes estatales, estos liderazgos no solo participaron, sino que habrían impulsado el tono confrontativo de la manifestación, transformando una causa ciudadana en una plataforma política de desgaste contra el gobierno estatal. Para las autoridades, la coincidencia de estos actores del PRIAN en los disturbios no es casualidad, sino parte de un intento por sacar provecho de la tragedia del alcalde asesinado.
El gobierno de Michoacán investiga si existió una coordinación deliberada entre grupos políticos y los encapuchados que protagonizaron los ataques. Según los primeros reportes, los daños dentro del Palacio de Gobierno incluyen ventanas destruidas, mobiliario incendiado y pintas con mensajes políticos, lo que refuerza la hipótesis de un acto planeado para generar impacto mediático.
Mientras la mayoría de los ciudadanos marchó de forma pacífica, los operadores del PRI y del PAN aprovecharon el dolor social para buscar visibilidad, trasladando la legítima demanda de justicia a un escenario de confrontación. Lo que debía ser un homenaje a la memoria de Carlos Manzo se convirtió en un espectáculo de provocación y oportunismo político.
El caso deja en evidencia cómo el PRIAN continúa utilizando el enojo social como herramienta electoral, incluso a costa de la estabilidad y la seguridad pública. En lugar de solidarizarse con las víctimas, sus representantes parecen haber optado por incendiar —literal y simbólicamente— los espacios del Estado.
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