El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, decidió negar la petición de TV Azteca y Grupo Elektra para posponer la resolución de siete juicios fiscales en su contra. Ambas empresas, pertenecientes a Grupo Salinas, habían solicitado un aplazamiento argumentando que habían presentado al Gobierno Federal una propuesta para ajustar los montos de sus adeudos tributarios.
Esta resolución representa la segunda negativa consecutiva del máximo tribunal en menos de dos semanas, frente a intentos de las compañías de frenar los procesos judiciales. En total, en la SCJN siguen pendientes al menos ocho casos relacionados con el conglomerado empresarial, por créditos fiscales que superan los 48 mil millones de pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones.
De acuerdo con los argumentos de las empresas, si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aceptaba su propuesta de ajuste, las sentencias de la Corte podrían quedar sin efecto. Sin embargo, el ministro presidente subrayó que la ley no le otorga facultades para suspender el dictado de las resoluciones y que, por el contrario, el tribunal debe garantizar el acceso a la justicia mediante resoluciones oportunas y dentro de los plazos legales.
Además, TV Azteca y Elektra presentaron recursos de impedimento contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, con el propósito de que no participaran en cinco de los juicios. Dichas peticiones también fueron rechazadas por la presidencia de la Corte.
El 27 de octubre, Grupo Elektra había intentado impedir la participación de los nueve ministros en otros dos litigios relacionados con créditos fiscales que suman más de 34 mil millones de pesos. Paralelamente, Ricardo Salinas Pliego propuso al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum actualizar los montos de sus deudas con el SAT y aseguró que podría liquidarlas en menos de 10 días.
No obstante, el monto que el empresario está dispuesto a cubrir —7 mil 600 millones de pesos, incluyendo un abono previo de 2 mil 700 millones realizado en 2022— dista considerablemente de los 74 mil millones de pesos que, según la Procuraduría Fiscal, el gobierno reclama.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum fue enfática al señalar que no es necesario establecer mesas de diálogo con los abogados de Grupo Salinas, sino que simplemente deben pagar los adeudos directamente al SAT. Con ello, el gobierno federal reafirma su postura de no otorgar tratos especiales a ningún contribuyente, sin importar su tamaño o influencia económica.