Legisladores demócratas de Estados Unidos presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para impedir una guerra no autorizada en México, con el objetivo de cerrar el paso a cualquier acción militar sin aval del Congreso y frenar una posible escalada bélica impulsada desde el Ejecutivo.
La iniciativa, encabezada por el diputado Joaquín Castro, junto con Sara Jacobs y Greg Stanton, busca prohibir el uso de fondos públicos para operaciones militares en territorio mexicano que no cuenten con autorización legislativa, reforzando el papel del Congreso como contrapeso institucional.
Castro advirtió que lanzar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria y no autorizada en América Latina sería una decisión desestabilizadora, con consecuencias que incluirían migración masiva, violaciones a derechos humanos y el deterioro de la relación con un aliado cercano. Subrayó que sus representados no desean gastar miles de millones de dólares en un conflicto que pondría en riesgo la estabilidad regional.
En el mismo sentido, Jacobs sostuvo que una guerra —autorizada o no— con México pondría en peligro vidas de estadounidenses y mexicanos, además de destruir la relación con el socio comercial más importante de Estados Unidos. Rechazó que bombardear México sea una solución efectiva para enfrentar la crisis del fentanilo o a los cárteles, y calificó esa vía como “un error catastrófico”.
Stanton añadió que la acción militar unilateral contra México sería un desastre, y enfatizó que los objetivos de seguridad de Estados Unidos deben alcanzarse trabajando con México, no atacándolo, marcando un rechazo explícito a la opción bélica como política pública.
La propuesta surge como respuesta directa a declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles ataques, incluidos operativos terrestres, y a reportes de acciones recientes cerca de las costas mexicanas. Frente a esa retórica, los demócratas plantean contención institucional, cooperación bilateral y responsabilidad en el uso del gasto público.
Aunque el Congreso está controlado por la mayoría republicana y la iniciativa enfrenta un panorama adverso, sus impulsores buscan provocar un debate público y dejar constancia de una oposición clara a una política de confrontación militar que, advierten, dañaría a ambos países.