El caso de los granadazos de Morelia quedó marcado como uno de los episodios más oscuros del sexenio de Felipe Calderón, tras revelarse que la versión oficial fue sostenida con confesiones obtenidas bajo tortura y detenciones ilegales, según relataron los propios inculpados y confirmaron resoluciones judiciales posteriores.
La noche del 15 de septiembre de 2008, durante los festejos del Grito de Independencia en Morelia, dos granadas de fragmentación estallaron en la plaza Melchor Ocampo, dejando ocho personas muertas y más de cien heridas. Once días después, autoridades federales anunciaron la detención de Alfredo Rosas Elicea, Juan Carlos Castro Galeana y Julio César Mondragón Mendoza, presentándolos como integrantes de Los Zetas y responsables del ataque.
La “resolución rápida” fue utilizada como muestra de eficacia en el marco de la llamada guerra contra el narco. Sin embargo, meses después, los tres detenidos se retractaron y denunciaron haber sido secuestrados, golpeados, asfixiados y amenazados para memorizar declaraciones falsas que les fueron dictadas por sus captores.
Los testimonios describen violaciones graves a derechos humanos: Rosas Elicea aseguró que fue privado de la libertad y torturado hasta quedar en estado crítico; Castro Galeana relató amenazas de mutilación contra él y su familia; y Mondragón Mendoza, quien padecía poliomielitis, fue acusado de arrojar una granada desde un árbol, una versión físicamente imposible.
Diversas investigaciones periodísticas y la defensa legal señalaron que el caso habría sido un montaje institucional, presuntamente coordinado por autoridades federales y con la participación de Mario Arturo Acosta Chaparro, militar retirado y asesor de inteligencia durante el gobierno de Calderón, con el objetivo de cerrar el caso de manera expedita y sostener la narrativa oficial del combate al crimen organizado.
En mayo de 2015, un juzgado federal ordenó la liberación de los tres inculpados, al concluir que no existían pruebas suficientes y que las confesiones fueron obtenidas mediante tortura física y psicológica. La resolución confirmó que el Estado fabricó culpables, sin esclarecer hasta hoy quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del atentado.
El caso de los granadazos de Morelia expuso cómo, durante el sexenio de Felipe Calderón, la estrategia de seguridad derivó en prácticas ilegales, dejando un saldo no solo de violencia, sino de impunidad y descrédito del sistema de justicia, cuyas consecuencias siguen abiertas casi dos décadas después.