El caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta volvió a tomar relevancia luego de que un tribunal federal ordenara reponer el juicio de amparo promovido por Mario Aburto, decisión que abre la posibilidad de citar a declarar al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al político Manlio Fabio Beltrones.
La resolución del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó que el proceso anterior presentó vicios legales, al no convocar a los exservidores públicos señalados como terceros interesados, lo que invalida la decisión previa de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal por presuntos actos de tortura.
El fallo reactiva uno de los expedientes más sensibles en la historia política reciente, al considerar que deben revisarse nuevamente las denuncias de Mario Aburto Martínez, quien ha sostenido que fue víctima de tortura física y psicológica tras su detención en 1994, con el objetivo de obtener una confesión.
De acuerdo con el expediente, Aburto afirma que dichas prácticas incluyeron presiones directas sobre su familia, lo que, según su defensa, formaría parte de un esquema para cerrar el caso de manera expedita en un contexto político altamente delicado.
En ese marco, la eventual comparecencia de Salinas de Gortari y Beltrones adquiere relevancia, ya que ambos son señalados en la denuncia por su posible relación con decisiones tomadas en las horas posteriores al asesinato. En el caso de Beltrones, se ha documentado su presencia en instalaciones donde Aburto fue retenido, mientras que la defensa sostiene que el aparato estatal, bajo el mandato de Salinas, habría utilizado la tortura como herramienta para consolidar una versión oficial.
El nuevo criterio judicial también exhibe contradicciones con la postura de la FGR, que en 2024 determinó que no existían elementos suficientes para acreditar actos de tortura, basándose en certificados médicos elaborados tras la detención. Ahora, el tribunal ordena revisar de fondo el procedimiento y dictar una nueva sentencia.
A más de tres décadas del crimen, el caso Colosio continúa sin resolverse plenamente, y la decisión judicial abre una nueva etapa en la que podrían revisarse responsabilidades políticas y legales que hasta ahora habían quedado fuera del proceso.
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