La operación de la “vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)” ha quedado bajo cuestionamiento tras revelarse que permitió a altos funcionarios ausentarse durante meses con goce íntegro de sueldo, en un esquema que implicó pagos de hasta 740 mil pesos por persona sin actividad laboral. La información, documentada a partir de registros oficiales, expone prácticas que hoy abren un debate sobre el uso de recursos públicos en el máximo tribunal del país.
De acuerdo con los datos disponibles, entre 2019 y 2025 se autorizaron al menos 49 licencias bajo el concepto de “asuntos personales graves”, una figura que permitió mantener salarios completos, conservar el puesto y, al mismo tiempo, designar sustitutos temporales. Este mecanismo no solo garantizaba ingresos a funcionarios ausentes, sino que también generaba un impacto directo en el gasto público.
El esquema derivó en una duplicidad de costos, ya que mientras los titulares continuaban percibiendo su salario, se pagaba también a interinos para cubrir sus funciones. Casos como el de la directora del Centro de Estudios Constitucionales, quien habría recibido cerca de 740 mil pesos durante una licencia de seis meses, ilustran la magnitud de los recursos involucrados.
A este panorama se suma un elemento que ha intensificado las críticas: la decisión de clasificar como confidenciales los motivos de las licencias, bajo el argumento de proteger datos personales sensibles. Esta determinación ha sido cuestionada por especialistas, quienes consideran que limita la rendición de cuentas en el uso de dinero público, especialmente tratándose de servidores financiados con recursos federales.
El contexto en el que se dieron estas autorizaciones también resulta relevante. Las licencias fueron otorgadas en los meses previos a la reforma judicial de 2024, lo que ha generado dudas sobre si se trató únicamente de decisiones administrativas o de prácticas que buscaban mantener beneficios antes de la reconfiguración institucional. En conjunto, estos elementos colocan a la antigua SCJN en el centro de un debate sobre privilegios, transparencia y el manejo de recursos dentro del Poder Judicial.
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