El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional a entregar versiones públicas de dos contratos vinculados con el sistema de vigilancia Pegasus. La resolución representa el cierre de una etapa judicial iniciada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, organización que promovió un amparo ante la negativa de la dependencia militar a proporcionar la documentación solicitada.
Los documentos corresponden a los contratos DN-10 SAIT-1938/P/2018 y DN-10 SAIT-1975/P/2019, celebrados con la empresa Comercializadora Antsua para la prestación del denominado Servicio de Monitoreo Remoto de Información. En conjunto, las contrataciones superan los 140 millones de pesos y se relacionan con la adquisición de licencias y servicios tecnológicos durante 2018 y 2019. La sentencia ordena entregar versiones públicas, por lo que algunos datos legalmente reservados podrían permanecer ocultos.
El litigio comenzó después de que Defensa negara inicialmente la existencia de los contratos y posteriormente reservara la información, pese a que el entonces Instituto Nacional de Transparencia ordenó su entrega. R3D obtuvo en 2024 un amparo de un juzgado de distrito, pero la dependencia impugnó la resolución bajo el argumento de que revelar los documentos podría afectar la seguridad nacional. El Tribunal desestimó esa postura y ratificó la obligación de transparentarlos.
El alcance del fallo se limita al acceso a la información pública: los magistrados no determinaron si Pegasus fue utilizado legal o ilegalmente, ni establecieron responsabilidades penales por posibles actos de espionaje. La resolución permitirá conocer las condiciones económicas y administrativas de las contrataciones, pero cualquier investigación sobre intervenciones de comunicaciones, responsabilidades de funcionarios o afectaciones a víctimas deberá avanzar por otras vías institucionales.
La decisión adquiere relevancia por los antecedentes documentados sobre intentos de infección con Pegasus contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos en México. Una vez notificada formalmente la sentencia, la Secretaría de la Defensa deberá cumplir con la entrega de los contratos, lo que abrirá la posibilidad de revisar cómo se adquirió y administró esta tecnología de vigilancia con recursos públicos.