El Estado mexicano obtuvo una victoria en el arbitraje internacional promovido por Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, fondos estadounidenses que reclamaban una indemnización superior a 219 millones de dólares. El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones resolvió el caso por unanimidad el 30 de julio y desechó la demanda completa, con lo que evitó que el erario cubriera el monto exigido.
La controversia surgió por los bonos de deuda que TV Azteca emitió en 2017 por 400 millones de dólares y cuyos pagos suspendió años después. Los fondos afirmaron que adquirieron parte de esos instrumentos mediante filiales constituidas en las Islas Caimán y alegaron que una medida cautelar emitida por un juzgado de la Ciudad de México afectó sus posibilidades de cobro. A partir de ese argumento, intentaron responsabilizar internacionalmente al Estado por una disputa originada entre acreedores privados y la televisora de Ricardo Salinas Pliego.
La defensa mexicana sostuvo que Cyrus y Contrarian no reunían los requisitos para ser considerados inversionistas protegidos bajo el TLCAN, ni contaban con una inversión cubierta por el tratado. El tribunal aceptó ese planteamiento y concluyó que carecía de jurisdicción para analizar el fondo de la controversia. Por esa razón, el fallo no determinó si los acreedores tienen derecho a cobrarle a TV Azteca, sino únicamente que no podían exigir a México la indemnización planteada mediante ese mecanismo.
La resolución representa un respaldo a la defensa jurídica del Gobierno mexicano y protege los recursos públicos frente a las consecuencias de una obligación empresarial. El tribunal también ordenó a los fondos cubrir en favor de México una cantidad por gastos legales y costos del procedimiento. De esta manera, la controversia financiera de una compañía privada no terminó convertida en una carga millonaria para la población mexicana.
Sin embargo, el fallo no elimina ni reduce las deudas de TV Azteca con sus acreedores. La televisora permanece en concurso mercantil con pasivos registrados por 23 mil 345 millones de pesos, mientras los tenedores de bonos mantienen activo un litigio en Nueva York por capital e intereses impagados. La empresa deberá resolver esas obligaciones por las vías mercantiles correspondientes, sin trasladar su responsabilidad financiera al Estado mexicano.