Los gobiernos de México y Perú acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas este 7 de agosto de 2026, después de más de nueve meses de distanciamiento provocado por el asilo concedido a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez. Ambos países retomaron el diálogo bajo los principios del derecho internacional, la cooperación y los vínculos históricos que mantienen sus sociedades.
La normalización representa una salida diplomática a una de las mayores crisis recientes entre ambos países. México había sostenido que correspondía a Lima dar el primer paso, al haber sido el Gobierno peruano quien rompió relaciones en noviembre de 2025. Con la nueva administración en Perú se abrieron canales de comunicación que finalmente permitieron superar el congelamiento político y recuperar la interlocución institucional.
Uno de los elementos que destrabó el conflicto fue el caso de Betssy Chávez, quien recibió de Perú las garantías y el salvoconducto solicitados por México para abandonar territorio peruano. La ex primera ministra permanecía asilada en la representación mexicana en Lima y finalmente salió del país tras la decisión de las autoridades peruanas. Claudia Sheinbaum consideró el gesto una muestra de voluntad para recuperar la relación bilateral.
El acuerdo, sin embargo, no elimina las diferencias jurídicas alrededor de Chávez. Perú reiteró que fue sentenciada por conspiración para una rebelión y estableció que la entrega del salvoconducto no le impide solicitar eventualmente su extradición si las autoridades judiciales lo consideran procedente. De esta forma, ambos gobiernos separaron esa controversia del objetivo más amplio de recuperar sus vínculos diplomáticos.
Desde una perspectiva regional, la reconciliación permite a México y Perú volver a construir espacios de cooperación política, económica, consular y multilateral, además de reducir una fuente de tensión en América Latina. El restablecimiento también devuelve al diálogo institucional las diferencias que permanecen entre ambos gobiernos y abre una nueva etapa basada en la negociación diplomática, sin que ninguna de las partes tenga que renunciar a sus posiciones jurídicas.