El PAN presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para imponer penas de entre 80 y 140 años de prisión a servidores públicos que sean encontrados responsables de colaborar, facilitar o participar en actividades de organizaciones criminales. La propuesta forma parte de la agenda con la que Acción Nacional arrancó el nuevo periodo legislativo y busca endurecer las consecuencias para funcionarios que utilicen su posición en beneficio de grupos delictivos.
La iniciativa plantea modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, además de multas que irían de 12 mil a 24 mil días. El planteamiento busca diferenciar la responsabilidad de un funcionario público de la participación de otros integrantes de una organización criminal, imponiendo sanciones mayores cuando el cargo gubernamental sea utilizado para facilitar actividades ilícitas.
Otro de los puntos centrales es que las conductas relacionadas con la colusión de servidores públicos con organizaciones criminales sean consideradas imprescriptibles. De aprobarse, las autoridades podrían investigar y perseguir esos delitos aun cuando hubieran transcurrido varios años desde su comisión. La propuesta, sin embargo, no significa que una acusación o señalamiento político sea suficiente para aplicar las penas: tendría que existir un proceso judicial que determine responsabilidad penal.
El coordinador panista Elías Lixa también colocó la iniciativa dentro de la confrontación política con Morena, al sostener que su discusión permitirá conocer la postura del oficialismo frente a los posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales. En ese contexto mencionó casos de políticos que han enfrentado señalamientos relacionados con el narcotráfico, aunque tales acusaciones deben distinguirse de una sentencia o responsabilidad acreditada ante tribunales.
Por ahora, las penas de hasta 140 años son únicamente una propuesta legislativa y todavía no forman parte de la legislación vigente. La iniciativa deberá avanzar por comisiones, ser discutida y aprobada por el Congreso y posteriormente publicarse para entrar en vigor. Su debate colocará sobre la mesa tanto el endurecimiento de las sanciones contra la colusión criminal como los límites entre una reforma penal y la confrontación partidista rumbo a 2027.