Ricardo Anaya cuestionó una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que generó un debate sobre el posible alcance de las sanciones para memes, parodias y contenidos que utilicen elementos de identidad gráfica de instituciones públicas. El coordinador del PAN en el Senado advirtió inicialmente que el artículo 403 Bis contemplaba penas de tres a siete años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA para determinados usos comerciales de identidades gráficas, dominios electrónicos y signos oficiales cuando pudieran inducir a error o engaño. A partir de esa redacción, el legislador sostuvo que periodistas, caricaturistas y creadores de contenido podrían verse afectados si no se establecían excepciones expresas.
La postura de Anaya se centró en la necesidad de precisar los alcances de la disposición antes de su aprobación. El senador pidió incorporar de manera explícita protecciones para periodistas y parodias, al considerar que la redacción podía generar interpretaciones que alcanzaran contenidos satíricos o críticos sobre autoridades. Su argumento se relacionó con el uso de logotipos, símbolos y otros elementos oficiales en publicaciones difundidas por medios de comunicación y plataformas digitales. La reforma forma parte de un paquete relacionado con propiedad intelectual y compromisos derivados del T-MEC, aunque el debate legislativo se concentró en el alcance de las sanciones y las excepciones aplicables.
El Senado modificó posteriormente el planteamiento inicial antes de continuar con el proceso legislativo. Las comisiones correspondientes aprobaron cambios al artículo 403 Bis, con una reducción de las penas planteadas originalmente; la nueva versión contempla un rango de uno a cinco años de prisión y precisa que las sanciones se relacionan con determinados usos comerciales destinados a generar engaño respecto de la identidad oficial. La modificación ocurrió después de que la propuesta fuera cuestionada públicamente por legisladores de oposición y de que surgiera el debate sobre sus posibles efectos en memes y parodias.
La llamada “Ley Antimemes” continúa como una denominación utilizada en el debate público y no como el nombre oficial de la reforma. El dictamen aprobado en comisiones debe continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una norma vigente. Mientras tanto, el intercambio entre legisladores se mantiene alrededor de la protección de la identidad gráfica institucional, la propiedad industrial y los límites que la legislación debe establecer para evitar interpretaciones que afecten contenidos periodísticos, satíricos o de crítica política. Anaya mantiene su llamado a precisar las excepciones, mientras que desde Morena se ha defendido la revisión del texto y se han planteado modificaciones al contenido de la propuesta.