Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, pidió al Gobierno de México investigar y detener a funcionarios que, según sus señalamientos, mantengan vínculos con organizaciones criminales. Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Moreno sostuvo que el combate al crimen organizado no debe concentrarse únicamente en la captura de líderes de los cárteles, sino también en identificar a posibles servidores públicos que les brinden protección. El priista volvió a utilizar el término “narcopolíticos” para referirse a integrantes de Morena que, de acuerdo con sus declaraciones, deberían ser investigados por las autoridades mexicanas. Sus afirmaciones forman parte de una línea de confrontación que el dirigente ha mantenido durante los últimos meses contra el partido gobernante.
Moreno también cuestionó las cifras oficiales sobre disminución de la violencia y sostuvo que los datos presentados por el Gobierno Federal no reflejan, desde su perspectiva, la situación que viven distintas regiones del país. Sin embargo, los reportes oficiales disponibles muestran una reducción del promedio diario de homicidios dolosos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que entre septiembre de 2024 y agosto de 2026 el indicador pasó de 86.9 a 40.8 homicidios diarios, una disminución de 53%. En ese mismo periodo, las autoridades reportaron más de 67 mil detenciones por delitos de alto impacto, además de aseguramientos de armas y drogas. Estos datos corresponden a registros gubernamentales y constituyen el principal contraste frente a los cuestionamientos planteados por Moreno.
El presidente del PRI también defendió una mayor cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia y combate al crimen organizado. Moreno sostuvo que atender información proveniente de agencias estadounidenses no significa renunciar a la soberanía nacional y pidió investigar los señalamientos contra actores políticos mexicanos cuando existan elementos suficientes. Durante la entrevista, endureció además su discurso sobre las sanciones contra quienes cometen delitos graves y afirmó que para personas responsables de violaciones, robos o asesinatos únicamente debería haber “cárcel o cementerio”. La declaración refleja una postura de endurecimiento penal expresada por el dirigente priista, aunque la imposición de sanciones corresponde a las instituciones de procuración e impartición de justicia bajo el marco legal vigente.
El uso de expresiones que relacionan a Morena con el crimen organizado también ha generado una disputa electoral y jurídica. El 21 de septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Moreno, al PRI y a distintas estructuras partidistas retirar publicaciones que vinculaban a Morena con términos como “narcogobierno”, “narcopartido” y “narcopolíticos”. En su análisis preliminar, la autoridad electoral señaló que algunas expresiones podrían constituir imputaciones de hechos o delitos falsos debido a que no encontró sentencias o pruebas que acreditaran su veracidad. Moreno ha rechazado esas restricciones y adelantó que continuará realizando señalamientos mientras busca que las instancias jurisdiccionales definan los alcances de esas medidas.