El nuevo proceso penal contra Javier Duarte de Ochoa podría extenderse hasta 2027 después de que un juez concediera una ampliación para concluir la investigación complementaria por el delito de peculado. La prórroga, autorizada durante una audiencia del 24 de septiembre, mantiene abierta esta etapa hasta el próximo 24 de diciembre y todavía existe la posibilidad de una extensión adicional. El exgobernador de Veracruz permanece en el Reclusorio Norte bajo prisión preventiva justificada, pese a que ya concluyó el periodo correspondiente a la condena de nueve años que recibió en un proceso anterior. La nueva causa impidió que recuperara su libertad mientras la Fiscalía General de la República continúa preparando la acusación que eventualmente deberá sostener ante un juez.
El procedimiento actual se originó después de que Duarte fuera vinculado a proceso el 17 de febrero de 2026 por presunto peculado de cinco millones de pesos. De acuerdo con la acusación de la FGR, los recursos federales estaban destinados a obras de salud para niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables en Veracruz durante 2012, pero habrían sido utilizados para finalidades distintas. El juez Gustavo Aquiles Villaseñor consideró que existían elementos suficientes para que el caso continuara a proceso, aunque la vinculación no representa una sentencia de culpabilidad. Ahora la Fiscalía deberá cerrar su investigación y, posteriormente, presentar formalmente sus pruebas durante la etapa intermedia antes de que pueda comenzar un eventual juicio oral.
Duarte y su defensa rechazan la acusación. El exmandatario insiste en que “no se robó nada” y sostiene que los recursos investigados nunca terminaron en cuentas personales, sino que permanecieron dentro de cuentas del Gobierno de Veracruz y fueron utilizados para atender compromisos de su administración. Sus abogados también han promovido recursos legales contra la orden de aprehensión y la vinculación a proceso, además de cuestionar aspectos relacionados con las condiciones bajo las cuales Duarte fue extraditado desde Guatemala en 2017. La defensa busca demostrar que no existen elementos suficientes para configurar el peculado, mientras la Fiscalía sostiene una interpretación distinta sobre el manejo y destino de los recursos federales.
El argumento de Duarte ocurre además frente a un antecedente judicial ya resuelto: en septiembre de 2018 se declaró culpable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por lo que recibió una sentencia de nueve años de prisión. Esa condena fue posteriormente confirmada por un tribunal federal en 2020. El proceso actual es distinto y deberá resolverse por sus propios elementos probatorios, pero mantiene al exgobernador privado de la libertad mientras continúa la investigación. Con la nueva ampliación, el calendario judicial se prolonga y la definición sobre la acusación de peculado podría desplazarse hasta 2027, mientras Duarte sostiene públicamente que no utilizó los recursos señalados para enriquecerse.
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