Alejandro Moreno Cárdenas, actual líder nacional del PRI, vuelve a recurrir a instancias extranjeras, esta vez para denunciar a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, ante el FBI y la DEA, por supuestos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, la maniobra ha despertado más sospechas que respaldo, en medio de acusaciones propias que Moreno arrastra desde su paso por el gobierno de Campeche.
Moreno acusa al exgobernador tabasqueño de delitos como lavado de dinero, contrabando de combustible y nexos con La Barredora, un grupo criminal supuestamente relacionado con un excolaborador cercano de López Hernández. No obstante, llama la atención que una figura tan cuestionada como el propio “Alito” sea quien encabece una ofensiva legal que involucra a autoridades estadounidenses.
Durante su mandato como gobernador de Campeche, Alejandro Moreno fue señalado por enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos. Varios reportajes e investigaciones periodísticas documentaron el crecimiento acelerado de su patrimonio, que no corresponde con sus ingresos como servidor público. A pesar de estas denuncias, el priista ha intentado colocarse como una voz de denuncia contra la corrupción, apuntando principalmente contra figuras del oficialismo.
El llamado a la intervención extranjera tampoco es nuevo. Moreno ha recurrido en múltiples ocasiones a instancias internacionales, denunciando supuestos abusos desde el poder, aunque sin presentar pruebas sólidas en muchos casos. Esto ha llevado a que sectores de la opinión pública y analistas políticos lo señalen por utilizar estas denuncias como una estrategia de distracción o presión política, más que como una búsqueda genuina de justicia.
En este contexto, la denuncia contra Adán Augusto parece más una jugada política con fines mediáticos, que una acción jurídica fundada. Mientras tanto, las propias cuentas pendientes de “Alito” siguen sin esclarecerse ante la justicia mexicana.
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