El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, encabezó una nueva ofensiva discursiva contra Morena al acusar que la reforma electoral impulsada por el oficialismo forma parte de una “operación de Estado” para romper la democracia, recurriendo a retórica extrema que desplazó el debate técnico de la iniciativa.
Desde un comunicado partidista, Moreno calificó la propuesta como la “Ley Maduro” y llegó a advertir sobre la instauración de una “narcodictadura”, una narrativa que eleva el tono político y apela al miedo para advertir una supuesta concentración de poder, sin entrar en el detalle de los mecanismos específicos de la reforma.
Uno de los ejes del posicionamiento fue el Instituto Nacional Electoral. Bajo el liderazgo de Alito Moreno, el PRI convirtió al INE en bandera partidista, al afirmar que la reforma busca subordinarlo al Poder Ejecutivo y eliminar su autonomía. El señalamiento se presentó como advertencia general, sin acompañarse de propuestas concretas para fortalecer al árbitro electoral.
El discurso también internacionalizó el conflicto, al comparar la reforma con regímenes autoritarios como Venezuela, Nicaragua o Hungría, y anunciar que el PRI denunciará el proceso a nivel nacional e internacional, en una estrategia orientada a presionar fuera del ámbito legislativo.
Alito Moreno sostuvo que reducir el financiamiento público facilitaría la infiltración del crimen organizado en la política, ligando la reforma a un escenario de captura del Estado. Con ello, apeló al temor como recurso central, al tiempo que desplazó la discusión institucional hacia una confrontación verbal de alto impacto.
Así, el PRI, bajo la conducción de Moreno, optó por una estrategia de resistencia discursiva, basada en calificativos y advertencias máximas, que prioriza la confrontación política y la presión externa sobre la construcción de una agenda alternativa o un debate técnico sobre la reforma electoral.