El senador Ricardo Anaya arremetió contra Morena por la reforma electoral al calificarla como “la Ley Maduro”, una comparación de alto voltaje político con la que buscó instalar una narrativa de alarma sin detallar mecanismos concretos que sustenten la equivalencia con el modelo venezolano.
En un encuentro con medios en el Senado, Anaya aseguró que el oficialismo pretende concentrar poder y limitar la autonomía del INE, y presentó la reforma no como un ajuste institucional, sino como un riesgo mayor para la democracia. El señalamiento se apoyó en una comparación internacional extrema, sin precisar artículos, procesos o cambios específicos que expliquen el paralelismo que plantea.
El panista también extendió el discurso de riesgo al terreno de la revocación de mandato, al advertir que, de realizarse en 2027, existe una “probabilidad considerable” de que la presidenta no concluya su periodo. La afirmación fue planteada como escenario posible, sin datos verificables ni sustento técnico, y quedó en el plano de la especulación política.
En lugar de centrar la discusión en aspectos técnicos de la reforma electoral, Anaya desplazó el debate hacia una narrativa ideológica, en la que vinculó la iniciativa con una supuesta caída en la aprobación del oficialismo y con una estrategia más amplia de control del poder.
El senador también se apropió del discurso de defensa institucional, al presentarse como garante de la autonomía del INE y de la democracia, aunque sus intervenciones se limitaron a advertencias generales y a comparaciones de alto impacto mediático, sin proponer rutas alternativas específicas.
Para reforzar su argumento, Anaya encadenó distintos temas —reforma al Poder Judicial, cambios al amparo, eliminación de organismos autónomos y ahora la discusión sobre el INE— construyendo una narrativa acumulativa de amenaza sistémica, con la que buscó amplificar el alcance político de su crítica a la reforma electoral.