Durante su participación en el foro empresarial ABECEB, celebrado este fin de semana, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó una dura advertencia sobre el avance del crimen organizado en América Latina, al que considera un fenómeno que ya no sólo desafía al Estado, sino que comienza a reemplazar sus funciones fundamentales.
En un panel compartido con los exmandatarios Mauricio Macri (Argentina) y Eduardo Frei (Chile), Calderón sostuvo que las organizaciones criminales han pasado de traficar drogas a buscar el control territorial, con el fin de dominar la seguridad, la justicia y la recaudación de recursos. Según explicó, esto ha llevado a que las bandas sobornen policías, alcaldes y funcionarios públicos, logrando una captura institucional que debilita a los gobiernos democráticos.
El exmandatario mexicano argumentó que el crimen organizado ha cambiado de modelo económico, pasando de un esquema exportador —centrado en el tráfico hacia Estados Unidos— a uno territorial y distributivo, donde el control del punto de venta y del territorio es clave para sostener su poder. En su análisis, ese proceso deriva en una sustitución de la autoridad estatal, pues los grupos delictivos imponen sus propias reglas, cobran “impuestos” y ejercen justicia al margen de la ley.
Calderón recordó que durante su administración se lanzó una ofensiva contra estas organizaciones y aseguró que su estrategia logró reducir la presencia del crimen en varias regiones, pese a lo que calificó como “resistencia” o falta de apoyo por parte de algunos gobiernos locales. Lamentó que, tras su salida del poder, esas acciones se abandonaran, lo que a su juicio permitió el resurgimiento de los cárteles y la pérdida de control institucional en diversos estados del país.
En el plano político, el exmandatario también arremetió contra la actual administración federal y acusó a la Cuarta Transformación (4T) de instaurar un “maximato autocrático”. Afirmó que la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, que contempla la elección popular de jueces, magistrados y ministros, constituye una forma de control político disfrazada de participación ciudadana.
Según su interpretación, la renovación completa del Poder Judicial ha desplazado a perfiles con experiencia e independencia, sustituyéndolos por personas vinculadas al partido en el poder, lo que, desde su perspectiva, pone en riesgo la autonomía judicial. También mencionó que durante el proceso electoral se registraron irregularidades que minaron la transparencia del voto.
Calderón concluyó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia es el único camino para frenar la expansión del crimen organizado, y advirtió que, si los Estados latinoamericanos no recuperan sus funciones esenciales, los grupos criminales seguirán convirtiéndose en el verdadero poder detrás del gobierno.
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