El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta una de las semanas más críticas desde que asumió el cargo en noviembre de 2023, luego de que diversas movilizaciones y bloqueos tomaran las principales vías del país en rechazo a medidas gubernamentales. La eliminación del subsidio al diésel, que provocó un aumento de un dólar por galón, y la polémica licencia minera otorgada a una empresa canadiense, generaron un fuerte descontento social.
El martes 16 de septiembre, una masiva manifestación congregó a más de 50 mil personas en Cuenca, ciudad cercana a la reserva ecológica Quimsacocha, donde la minera Dundee Precious Metals recibió autorización para explotar recursos. La protesta, además de rechazar el proyecto minero, criticó el enfoque económico del gobierno, al que calificaron de neoliberal, y otros temas como la eliminación del subsidio al diésel, el posible trabajo por horas y el aumento de la violencia en el país.
Desde el lunes 15, gremios de transportistas y comunidades campesinas bloquearon carreteras, alertando que el aumento del precio del diésel incrementa los costos del transporte y, en consecuencia, eleva el precio de los productos básicos. También advirtieron que el encarecimiento afecta a las empresas que generan electricidad con motores diésel, lo que podría impactar en la economía general.
Las autoridades intentaron controlar los bloqueos con el uso de gases lacrimógenos y el despliegue de miles de soldados, sin lograr despejar los puntos estratégicos. En este contexto, el presidente Noboa optó por declarar un estado de excepción en siete provincias del país, medida que restringe la libertad de reunión y tiene vigencia de 60 días. A pesar de esta prohibición, miles de manifestantes desafiaron la norma en Cuenca, lo que podría derivar en la detención de líderes sociales.
En un gesto que refleja la gravedad de la crisis, Noboa trasladó su gabinete a la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 Patria, en Latacunga, donde se instaló temporalmente la Presidencia de la República. En imágenes oficiales se le observa con vestimenta militar junto a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, lo que refuerza la idea de que el mandatario busca fortalecer el control desde una base militarizada.
Por otra parte, la Corte Constitucional rechazó la solicitud presidencial para incluir en una próxima consulta popular la reducción del número de legisladores de 151 a 77, con el argumento oficial de optimizar el gasto público. Esta decisión representa un revés para Noboa, cuyo gobierno ya enfrenta una caída en la aprobación ciudadana, reportada en más de 14 puntos desde mayo, cuando comenzó su nuevo mandato.
El traslado del gobierno y la declaración del estado de excepción fueron justificadas por Noboa y sus voceros como acciones para mejorar la atención directa en el territorio y garantizar la gobernabilidad, aunque la ciudadanía y varios sectores sociales cuestionan estas medidas y ven un aumento en la tensión política y social del país.
Foto: Redes