Por: Jesús Hamid López Pioquinto
El viernes pasado, 10 de octubre, fue destituida Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta
de Perú, desde el 7 de diciembre del 2022 tras la destitución del presidente Pedro
Castillo.
Este evento no solo deja lecciones para este país latinoamericano, el cual ha tenido 8
presidentes en los últimos 10 años, evidenciando poca inestabilidad en el ejecutivo. Sino
también para cualquier otra nación perteneciente al sur global.
Para hablar de la legitimidad de un gobierno, podemos hacerlo desde distintos puntos y
disciplinas. Desde la legitimidad que otorga un proceso democrático, pasando por el
reconocimiento de la comunidad internacional, hasta aquella impuesta mediante el uso
de la fuerza.
En el caso de Perú, el gobierno de Dina Boluarte ostentaba distintas formas de
legitimidad, la jurídica o Constitucional, la que confiere la comunidad internacional (con
pocas excepciones como fue el caso de México), así como también la institucional a
través de los aparatos burocráticos del Estado.
Sin embargo, como sucede de manera frecuente, el apoyo “popular” o el respaldo
ciudadano, que otorga la legitimidad social, no lo tenía. De poco o nada ha servido su
estabilidad económica (de las mejores en la región), en gran medida a su Banco Central
Independiente, política fiscal y buenas reservas internacionales. Los beneficios, solo los
han visto un grupo, la elite.
Perú no es un caso aislado, como lo ha demostrado Ecuador, Bolivia, Francia o Nepal;
los buenos resultados en las estadísticas no resuelven los problemas de una sociedad,
aunque las elites tecnocráticas se aferren a estas. La fuerza de los movimientos sociales,
acumulada durante años o décadas no pueden reprimirse eternamente y finalmente logra
impactar en alguien o algo. El poder reside en el pueblo, cuando este lo reconoce, lo
utiliza.
Aquellos que toman las decisiones no deben cegarse a lo que ocurre en este momento
en otras naciones, tal como lo hicieron los países europeos el siglo XX, dando paso a las
fuerzas políticas fascistas que conocemos.
El respaldo popular, debe ser entendido por cualquier gobierno o movimiento político
como un elemento fundamental y prioritario de gobernabilidad y no a los resultados
técnicos que dicta un informe.
Foto: Especial