Fondos de inversión estadounidenses exigen a TV Azteca y a su propietario, Ricardo Salinas Pliego, el pago de una deuda de 580 millones de dólares. Los inversionistas buscan que se declare a la televisora y a Salinas Pliego en desacato por no cumplir con sus compromisos financieros.
Los accionistas de estos fondos han iniciado litigios en Estados Unidos para recuperar el dinero, señalando que Grupo Salinas, como controlador de la empresa, también debería asumir responsabilidades. Además, solicitan que la situación del empresario sea evaluada como accionista mayoritario, de modo que pueda enfrentar las mismas sanciones.
El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando TV Azteca emitió bonos por 400 millones de dólares con una tasa anual del 8.25%. La compañía dejó de pagar en 2021, argumentando que la pandemia de COVID-19 constituyó un caso fortuito. Sin embargo, los inversionistas consideran que esto no justifica el incumplimiento de sus obligaciones.
En Estados Unidos, el juez Paul G. Gardephe del Distrito Sur de Nueva York ordenó a TV Azteca desistir de demandas presentadas en México contra sus acreedores, instando a la empresa y sus subsidiarias a tomar “todas las medidas necesarias” para resolver las disputas judiciales en favor de los inversionistas.
Por su parte, en México, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito revocó las medidas cautelares que protegían a TV Azteca, argumentando que los efectos económicos de la pandemia no constituyen una justificación automática para no pagar la deuda. Con esta decisión, la televisora queda obligada a cubrir los 580 millones de dólares a sus acreedores en Estados Unidos.
El conflicto se suma a otros enfrentamientos financieros de Salinas Pliego, incluyendo disputas con el SAT por más de 74 mil millones de pesos en impuestos y un litigio con AT&T, en el que tuvo que pagar una fianza de 25 millones de dólares para evitar su arresto.
En resumen, TV Azteca y su propietario se encuentran ante un escenario legal complejo que podría afectar tanto sus operaciones como su reputación internacional, mientras los inversionistas buscan asegurar el cumplimiento de sus derechos financieros.
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