El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral 241 propuestas que, más que modificar de fondo el sistema, refuerzan su margen de control institucional, blindan su financiamiento y mantienen intactos elementos clave del actual diseño político.
Nueve de los once consejeros del Consejo General plantearon vincular el presupuesto del INE al Producto Interno Bruto (PIB), con el argumento de evitar recortes “no técnicos ni operativos”. La propuesta fue acompañada de un discurso de advertencia: cualquier ajuste presupuestal, sostuvieron, pondría en riesgo la calidad de la democracia y los derechos de la ciudadanía.
En esa misma lógica, los consejeros insistieron en preservar la representación proporcional en el Congreso, defendiendo la permanencia de los legisladores plurinominales como un principio que, aseguran, garantiza la diversidad política. Para el INE, modificar ese esquema implicaría afectar el equilibrio democrático construido desde la reforma de 1977, aun cuando el tema es uno de los más cuestionados en el debate público.
Otra de las propuestas centrales fue modificar la fecha de la elección judicial, planteada como un ajuste operativo. Sin embargo, el cambio implicaría reordenar tiempos y procesos bajo los criterios técnicos del propio instituto, ampliando su influencia sobre un proceso inédito y políticamente sensible.
En materia de fiscalización, el INE propuso vetar el secreto ministerial en la Constitución para sus funciones y sancionar a los funcionarios que no entreguen información solicitada por el organismo. Con ello, busca reforzar su capacidad sancionadora, sin plantear nuevos contrapesos externos a sus decisiones.
El paquete de propuestas fue acompañado por una narrativa de riesgo democrático, en la que los consejeros advirtieron que sin los recursos solicitados y sin mantener el actual diseño institucional, las elecciones dejarían de ser confiables. El mensaje fue reiterado: menos presupuesto equivale a menos democracia.
Así, el INE colocó sobre la mesa una reforma electoral que prioriza su estabilidad financiera, conserva el statu quo legislativo y amplía su margen de control técnico, bajo el argumento de proteger los principios democráticos, en un momento en el que el propio modelo electoral es objeto de revisión política.
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