Diputados del Partido Acción Nacional presentaron denuncias penales y administrativas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca, convirtiendo la tragedia en un eje de confrontación política contra el proyecto y contra figuras vinculadas al gobierno anterior.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, señalando a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como a funcionarios y empresarios, por presuntos delitos que incluyen corrupción y homicidio culposo. El accidente dejó 14 personas fallecidas y decenas de lesionados.
Desde el recuerdo de las víctimas, el PAN judicializó el caso antes de que concluyan las investigaciones oficiales, impulsando denuncias por ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencias y omisiones, sin que exista una determinación judicial sobre responsabilidades. En la lista de señalados se incluyó a mandos de la Secretaría de Marina y a particulares, además de “quienes resulten responsables”.
Los legisladores panistas argumentaron falta de mantenimiento, compra de trenes en condiciones deficientes y omisión de observaciones de auditoría, y exigieron que no se atribuya el siniestro a un “error humano por exceso de velocidad”, planteamiento que adelantaron públicamente antes de cualquier conclusión técnica.
En paralelo, la oposición activó una narrativa de corrupción al solicitar auditorías “especiales, exhaustivas e integrales” sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con énfasis en contratos, erogaciones y supuestos sobrecostos. En su exposición, la fracción citó 71.5 millones de pesos por aclarar entre 2019 y 2024, además de señalar subejercicios en rubros de provisiones para desarrollo regional y operación de cuerpos de seguridad.
El discurso opositor colocó el dolor de las víctimas como palanca política, demandando justicia y responsabilidades mientras escalaba el conflicto mediático contra el proyecto interoceánico y las instituciones, sin esperar el cierre de las investigaciones ni resoluciones judiciales.
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