La discusión sobre la reforma electoral que se analiza en México ha puesto en el centro un dato clave: la eliminación de diputados y senadores plurinominales permitiría un ahorro estimado de 261 millones de pesos anuales al erario. Este monto corresponde a salarios, prestaciones, apoyos legislativos y gastos operativos asociados a estas figuras, que para distintos sectores se han convertido en un lastre financiero para el Estado.
Desde el gobierno federal se ha planteado que el sistema de representación proporcional, creado originalmente para garantizar la pluralidad política, ha dejado de cumplir su función democrática y hoy opera como un mecanismo que beneficia a las cúpulas partidistas. Bajo este argumento, la reforma electoral busca reducir el gasto público sin afectar la participación ciudadana, priorizando un modelo en el que los representantes lleguen al Congreso mediante el voto directo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la propuesta, explicando que el objetivo no es concentrar poder ni debilitar la democracia, sino construir un gobierno verdaderamente representativo, donde el pueblo tenga un papel central en las decisiones políticas. En sus intervenciones públicas, ha señalado que la democracia no debe sostenerse en privilegios ni estructuras costosas, sino en la participación activa de la ciudadanía.
Sheinbaum también ha rechazado las acusaciones de autoritarismo lanzadas por la oposición, las cuales han etiquetado la iniciativa como la llamada “Ley Maduro”. Desde el Ejecutivo se ha respondido que la reforma ni siquiera ha sido presentada formalmente, por lo que resulta prematuro calificarla como un retroceso democrático. Además, se ha insistido en que la representación de las minorías no desaparecerá, sino que se redefinirá para evitar abusos y excesos presupuestales.
En contraste, partidos de oposición sostienen que los plurinominales son indispensables para garantizar la presencia de fuerzas políticas minoritarias en el Congreso. Argumentan que eliminarlos podría provocar una sobrerrepresentación de las mayorías y debilitar el equilibrio de poderes. Sin embargo, quienes respaldan la reforma señalan que no es justificable mantener un esquema que cuesta 261 millones de pesos al año, especialmente cuando existen alternativas de representación más eficientes.
El debate también ha reavivado la discusión histórica sobre el origen de las diputaciones plurinominales, creadas tras las reformas políticas de los años setenta para abrir el sistema político. No obstante, desde el oficialismo se plantea que el contexto actual es distinto, y que mantener figuras costosas sin vínculo directo con el electorado ya no responde a las necesidades del país.
Mientras la reforma continúa en proceso de elaboración, el ahorro potencial de 261 millones de pesos anuales se ha convertido en uno de los argumentos más sólidos a favor de eliminar los plurinominales, en un país donde la austeridad y el uso eficiente de los recursos públicos son demandas constantes de la ciudadanía.