Grupo Salinas volvió a arremeter contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que el máximo tribunal revocó el amparo que había favorecido a una filial de Grupo Elektra, obligándola a pagar 67 millones 165 mil 827 pesos correspondientes a irregularidades fiscales detectadas desde 2012. El fallo, impulsado por el proyecto de la ministra Lenia Batres, se aprobó con seis votos a favor y tres en contra, confirmando que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego deberá responder ante sus obligaciones tributarias.
El grupo empresarial reaccionó con una postura abiertamente confrontativa, acusando a los ministros de actuar bajo “consigna política” y de votar “en línea con los dictados desde Palacio Nacional”. En un comunicado que subraya su estrategia de victimización, aseguraron que, a pesar de los argumentos técnicos expuestos en el proceso, la SCJN actuó con “descaro” y sin respetar el “orden constitucional”.
En su mensaje, Grupo Salinas calificó nuevamente a la Corte como “espuria” y afirmó que los ministros que avalaron la sentencia forman parte del “acordeón” que “satisface las órdenes de Palacio Nacional”. Además, señalaron que el fallo fue una muestra de que “la división de poderes en nuestro país simplemente ya no existe”, repitiendo una narrativa ya utilizada anteriormente para atacar al Gobierno federal en medio de los múltiples procesos fiscales pendientes del magnate.
El consorcio insistió en que sus “derechos humanos” están siendo vulnerados y advirtió que acudirán a instancias internacionales, aunque la resolución de la Corte no es definitiva. También advirtieron —sin evidencia alguna— que el fallo podría “ahuyentar inversiones” y generar incertidumbre rumbo a la revisión del TMEC en 2026.
Sin embargo, el mensaje empresarial evita mencionar que el adeudo fiscal se deriva de pérdidas infladas declaradas por Elektra en 2012, irregularidades documentadas por el SAT y que forman parte de un historial de litigios en los que Salinas Pliego acumula deudas que superan los 48 mil millones de pesos. El discurso de confrontación, más que responder a criterios legales, refuerza la estrategia reciente del empresario de acusar “persecución política” cada vez que la justicia avanza en sus procesos.
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