El conglomerado empresarial Grupo Salinas desató una polémica tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que confirmó adeudos fiscales de Elektra y Banco Azteca, reaccionando con insultos y ataques directos a los ministros del máximo tribunal.
En un comunicado, la empresa presidida por Ricardo Salinas Pliego calificó a los ministros de la Corte como “ilegítimos” y acusó de forma contundente un “sesgo doloso y personal”, al mismo tiempo que señaló que la decisión sobre sus obligaciones fiscales representa un “golpe fulminante a la justicia”. Sus palabras buscan, más que defenderse legalmente, cuestionar la imparcialidad de la institución que garantiza el Estado de derecho en México.
La SCJN resolvió siete de los nueve adeudos que el grupo mantiene desde hace años, y confirmó que Elektra y Banco Azteca deberán pagar cerca de 50 millones de pesos, mientras Grupo Salinas insinúa que la Corte actúa bajo intereses políticos, acusando incluso al Ejecutivo Federal de supuestamente manipular el proceso.
El conglomerado, lejos de aceptar el fallo como parte del sistema judicial, denunció “violaciones a derechos humanos” y cobros dobles inconstitucionales, anunciando que buscará instancias internacionales para impugnar la decisión. Incluso responsabilizó directamente a dos ministros por resentimientos personales, y acusó a Morena y al Ejecutivo de haber promovido una “reforma judicial autoritaria” para controlar el Estado mexicano.
El mensaje del grupo no solo es un ataque frontal a los ministros, sino también un desafío a la justicia mexicana, mientras insiste en que solo pagará lo que considere “justo y correcto”, rechazando los adeudos confirmados por la Corte como supuestas extorsiones fiscales.
Con esta actitud, Grupo Salinas muestra una vez más su desprecio por las instituciones públicas, buscando generar polémica y presentarse como víctima de un sistema judicial que, según ellos, no actúa de manera justa. Sin embargo, lo que resulta indignante para la ciudadanía es que un multimillonario cuestiona la legitimidad de la Corte que vela por el cumplimiento de la ley, en lugar de asumir responsabilidades fiscales claras.
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