El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, fijó postura sobre el caso de la presunta participación de agentes de la CIA en Chihuahua y responsabilizó directamente al gobierno federal, desplazando el foco de la discusión hacia la actuación de la Federación.
En su posicionamiento, Romero planteó que cualquier intervención de este tipo debe ser autorizada y supervisada por autoridades federales, por lo que, independientemente del escenario, la responsabilidad recaería en ese nivel de gobierno. “Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el gobierno federal”, sostuvo.
El mensaje del dirigente panista se da en un contexto donde se ha cuestionado la posible intervención de agentes extranjeros sin notificación previa, un tema que implica consideraciones legales en materia de soberanía y seguridad nacional. Sin embargo, el posicionamiento del PAN coloca el énfasis en la falta de coordinación o supervisión federal, dejando en segundo plano el debate sobre la legalidad de la participación extranjera.
Al mismo tiempo, Romero respaldó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al destacar los resultados del operativo en el que se desmantelaron narcolaboratorios. En esa línea, insistió en que la discusión pública debería centrarse en los logros en materia de seguridad y no en la controversia generada por la presencia de agentes externos.
Esta postura ha sido interpretada como un intento de reorientar el debate hacia los resultados operativos, en contraste con los señalamientos sobre posibles violaciones a la ley. El énfasis en los resultados desplaza el análisis sobre los mecanismos de coordinación y autorización que regulan este tipo de intervenciones.
El posicionamiento del PAN, encabezado por Romero, se inserta así en un contexto de confrontación política, donde el caso de Chihuahua se ha convertido en un punto de disputa entre niveles de gobierno. Mientras continúan las investigaciones, el debate se mantiene dividido entre la legalidad de los hechos y la narrativa sobre la eficacia en el combate al crimen organizado.