La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, ha señalado al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito Moreno, de estar involucrado en la adquisición de al menos 34 propiedades en Campeche mediante el uso de prestanombres, lo que refleja un presunto entramado de corrupción y ocultamiento de bienes.
Sansores detalló que su administración ha identificado estas propiedades, muchas de ellas ocultas tras nombres de familiares y allegados, y que ya se ha decidido la expropiación de tres predios que serán destinados a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos. Estas propiedades, ubicadas en el fraccionamiento Miramar, incluyen terrenos registrados a nombre de la madre de Moreno y de su arquitecto de confianza, pero que en realidad parecen ser parte de un solo proyecto privado disfrazado.
La mandataria campechana calificó esta acción no como un despojo, sino como una medida de justicia necesaria para combatir la corrupción arraigada en la política local. Resaltó que la expropiación se realiza bajo el marco de la nueva Ley de Expropiación, la cual ofrece garantías legales y audiencias para negociar un precio justo, evitando que se repitan las prácticas de impunidad que han protegido a personajes como Moreno en el pasado.
Sansores insistió en que la construcción de la universidad no solo representa un avance educativo, sino también un símbolo de que no se tolerará el enriquecimiento ilícito a costa del erario público. La gobernadora no ocultó su frustración ante los obstáculos que ha enfrentado para llevar a cabo procesos legales contra Moreno, señalando que aunque ya se presentó una solicitud de desafuero ante el Congreso, esta ha sido bloqueada por la falta de mayoría, evidenciando la protección política que aún goza el priísta.
Además, Sansores reveló que la cifra de irregularidades es mucho mayor, con desvíos millonarios que han sido apenas la punta del iceberg en un entramado de corrupción sistemática durante la gestión de Moreno como gobernador.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente las acciones en Campeche y anunció que el gobierno federal está trabajando en una iniciativa para reforzar la ley de extinción de dominio. Este cambio legal busca facilitar la recuperación de bienes adquiridos con recursos ilícitos, incluidos aquellos producto de corrupción política, para destinarlos a proyectos sociales y educativos, como el caso de la universidad campechana.
Sheinbaum subrayó que, aunque actualmente la extinción de dominio es limitada y difícil de aplicar en casos de corrupción, esta reforma legal será crucial para cerrar lagunas que han permitido a políticos corruptos, como Moreno, mantener el control de propiedades adquiridas con recursos mal habidos.
Aún sin fecha para su presentación ante el Congreso, la iniciativa promete ser un paso adelante en la lucha contra la impunidad en México.
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