En respuesta a una publicación difundida por el medio ADN 40, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, desmintió la información relacionada con la estructura y gasto operativo de su equipo de trabajo. El reportaje aseguraba que contaba con 78 colaboradores cuyo mantenimiento costaba más de 5 millones de pesos mensuales, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.
Lejos de evadir la controversia, la ministra abordó el tema con puntualidad. A través de sus redes sociales, rechazó los datos divulgados por la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y afirmó que las cifras eran manipuladas y sacadas de contexto.
Batres explicó que la estructura salarial de su equipo es igual a la del resto de los ministros de la Corte. Incluso subrayó que ningún salario dentro de su ponencia, incluyendo el suyo, supera al del titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que desmonta la narrativa de presuntos privilegios o excesos presupuestarios.
Además, destacó que la cantidad de colaboradores obedece a la carga de trabajo que implica cada ponencia, ya que su función esencial es resolver juicios, lo cual demanda análisis de expedientes, realización de audiencias y elaboración de proyectos de resolución. Por tanto, el número de personal no está vinculado a decisiones discrecionales ni a favoritismos.
En términos de política interna, la ministra también reveló que, desde su integración a la Corte, renunció junto con su equipo a prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada. Esta decisión, dijo, ha significado un ahorro sustancial frente al gasto promedio de otras ponencias.
Según sus cálculos, entre enero de 2024 y agosto de 2025, el costo de operación de su ponencia ha sido casi 19 millones de pesos menor en comparación con el resto. Este dato contradice de manera directa la idea de despilfarro promovida por el medio de comunicación.
Para concluir, Batres recordó que las ponencias solo representan alrededor del 9% del personal total de la SCJN, lo que refuerza su postura de que el gasto asignado a su equipo está plenamente justificado y no constituye una carga desmedida para el presupuesto del máximo tribunal del país.
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