La reunión anunciada entre Kenia López Rabadán y Guadalupe Taddei, prevista para el jueves 15 de enero, fue presentada como un espacio de diálogo sobre la reforma electoral, aunque sin facultades reales de decisión y con un impacto estrictamente político, no vinculante.
La propia López Rabadán reconoció que la definición de la reforma corresponderá exclusivamente al Congreso, independientemente de las propuestas de la Comisión Presidencial, del INE o de su propio decálogo. Aun así, acudirá a las oficinas del instituto para contrastar coincidencias entre las 241 propuestas del órgano electoral y su planteamiento legislativo.
El encuentro se da horas después de que la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez presente sus conclusiones, lo que reduce el margen de incidencia real de una reunión bilateral que, en los hechos, no modifica el cauce institucional del proceso legislativo.
Pese a ello, ambas partes han enfatizado las coincidencias entre propuestas, como el rechazo al uso de recursos públicos con fines electorales o la exclusión del crimen organizado de los comicios. Sin embargo, se trata de enunciados generales, reiterados en distintos momentos del debate público, sin definiciones operativas ni mecanismos concretos anunciados tras la reunión.
La visita de López Rabadán al INE también funciona como gesto de legitimación política, al utilizar el espacio institucional para respaldar su decálogo en un proceso que ella misma admite no depende del árbitro electoral ni de encuentros de este tipo.
Finalmente, el discurso de una reforma “apartidista” contrasta con un proceso que se resolverá en una negociación política en el Congreso, donde las mayorías definirán el alcance final de los cambios. Así, la reunión entre López Rabadán y Taddei opera más como acto simbólico y de posicionamiento público que como un espacio con capacidad efectiva para definir la reforma electoral.