La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, dejó en evidencia a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, al señalar las condiciones de rezago y corrupción que persisten en su administración, lo que provocó una reacción inmediata pero carente de sustancia: el anuncio de una demanda por supuesto “daño moral”.
Lejos de retractarse, Alcalde reafirmó con contundencia su postura, recordando que su papel como líder nacional de Morena es señalar lo que ocurre en los estados donde el proyecto de la autollamada “oposición” sigue dejando saldos negativos. En el caso de Chihuahua, el deterioro institucional, las prácticas opacas y el estancamiento social han sido ampliamente documentados, y Morena —según reiteró la propia Alcalde— no se quedará callado frente a estas realidades.
La respuesta de Campos, basada en una supuesta afectación a su imagen personal, fue interpretada en círculos políticos como un intento de desviar la atención sobre los graves señalamientos que pesan sobre su gestión, muchos de ellos relacionados con presuntos encubrimientos de actos de corrupción heredados y otros sostenidos durante su mandato. En lugar de aclarar o desmentir los hechos, la gobernadora optó por victimizarse, anunciando posibles acciones legales que, en el fondo, parecen buscar callar las críticas legítimas.
En redes sociales, la postura de Luisa Alcalde fue ampliamente respaldada. Miles de usuarios celebraron su firmeza y el tono irónico con el que respondió a la amenaza de demanda, dejando claro que Morena no dará marcha atrás en la denuncia de lo que consideran estructuras de poder corruptas en gobiernos estatales del PAN.
El episodio marca un nuevo capítulo en la confrontación entre Morena y la derecha, donde, una vez más, los intentos de censura política se disfrazan de recursos legales. Pero para Luisa Alcalde, su compromiso con la transformación y la rendición de cuentas parece ir por delante de cualquier amenaza.
Foto: X