La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quedó bajo cuestionamientos después de que una investigación periodística le atribuyera 97 vuelos en aeronaves privadas desde su etapa como alcaldesa de Cancún, incluidos traslados internacionales a destinos como Orlando y Vail. La frecuencia de los viajes abrió una controversia por su contraste con el principio de austeridad defendido por Morena y la Cuarta Transformación.
Los registros difundidos incluyen vuelos realizados en aeronaves como Gulfstream G200 y G280, Learjet 31A y 60, además de Hawker 750 y 800XP. El costo de operación de estos aviones puede alcanzar varios miles de dólares por hora, aunque no existe hasta ahora una cifra comprobada sobre cuánto se pagó en total por los traslados de Lezama, quién contrató cada aeronave o bajo qué condiciones fueron utilizadas. Por ello, las estimaciones sobre gastos millonarios no equivalen por sí mismas a comprobantes de pago.
El caso adquirió mayor relevancia porque los traslados se registraron mientras Lezama ocupaba cargos públicos, primero como presidenta municipal de Benito Juárez y después como gobernadora. La controversia coloca nuevamente bajo discusión la congruencia entre el uso recurrente de servicios privados de alto costo y el llamado de Morena a que sus representantes eviten privilegios y ostentación. Legisladores del propio movimiento han señalado que, de confirmarse los datos, deberá revisarse su correspondencia con los principios de austeridad.
Tras la difusión de la investigación, Lezama reconoció haber utilizado servicios de aviación privada, pero negó categóricamente que fueran pagados con recursos públicos. También cuestionó que la cifra de 97 viajes refleje correctamente sus desplazamientos y aseguró que los traslados tuvieron motivos familiares o relacionados con sus responsabilidades. La gobernadora, sin embargo, no presentó en ese primer posicionamiento un desglose documental de cada vuelo que permita establecer quién cubrió sus costos.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Lezama aclarar públicamente tanto la veracidad de la información como las circunstancias en que utilizó las aeronaves privadas. Mientras no se documenten el financiamiento, los motivos y las condiciones de cada traslado, no puede afirmarse que existió uso indebido del erario; sin embargo, la cantidad de vuelos atribuida a la mandataria mantiene abierto el cuestionamiento sobre su congruencia con la austeridad republicana.