La ministra en retiro Norma Piña Hernández reapareció públicamente durante un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde abordó las repercusiones de la reforma judicial impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y expresó su preocupación por el rumbo del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Durante su intervención, Piña subrayó que podría tomar una década reconfigurar el sistema judicial mexicano, debido a los cambios estructurales que trajo la reciente reforma. Explicó que, en su opinión, los procesos de elección judicial del pasado 1 de junio favorecieron a perfiles con menor preparación, lo que a largo plazo podría afectar la calidad de la justicia.
La exministra también manifestó que los ciudadanos comunes serán los más afectados por las consecuencias de esta reestructuración. En ese sentido, reconoció que ha reflexionado sobre cómo revertir los efectos de la reforma, insistiendo en que la educación cívica y el entendimiento de la división de poderes son fundamentales para fortalecer el Estado de derecho.
Piña describió el contexto político que permitió la aprobación de las modificaciones constitucionales como una “tormenta perfecta” que debilitó la independencia judicial. A su juicio, la sobrerrepresentación legislativa de Morena y sus aliados facilitó el avance de una agenda que alteró el equilibrio entre los poderes de la Unión.
La ministra en retiro defendió el papel que desempeñó el PJF durante los años recientes, señalando que la institución sí intentó proteger su autonomía y hacer frente a los ataques públicos, mediante foros, entrevistas y manifestaciones que buscaron explicar su función ante la sociedad.
En el mismo evento participó el ministro en retiro Jorge Pardo Rebolledo, quien coincidió con Piña al considerar que una campaña de desprestigio impulsada desde el Poder Ejecutivo generó un ambiente adverso hacia el Poder Judicial. De acuerdo con su análisis, esa narrativa presentó a los jueces como corruptos y alejados de los intereses del pueblo, lo que facilitó la aceptación de la reforma entre la ciudadanía.
Pardo Rebolledo recalcó que la función judicial no busca el aplauso popular, sino garantizar decisiones imparciales y fundamentadas en la ley, aunque ello implique descontento de alguna de las partes.
En conjunto, las intervenciones de ambos exministros reflejaron una preocupación compartida sobre el futuro de la independencia judicial en México y la necesidad de restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.
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