La empresa Ganador Azteca SAPI, filial de TV Azteca y propiedad de Ricardo Salinas Pliego, presentó un amparo para revertir el bloqueo de sus cuentas bancarias, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
La solicitud se ingresó el 13 de noviembre, pero no fue admitida de inmediato, debido a inconsistencias señaladas por la jueza Luz María Flores Alva del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
La magistrada dio a la compañía cinco días para corregir la demanda, dejando claro que solo tras esa corrección se decidirá si el juicio puede continuar.
La nueva Ley de Amparo impide descongelar cuentas investigadas por la UIF
Aunque el empresario ha insistido en que el bloqueo es una “persecución”, la reforma aprobada en octubre impide que jueces otorguen suspensiones provisionales para liberar cuentas congeladas por investigaciones de inteligencia financiera.
Por ello, Ganador Azteca no podrá recuperar sus fondos mientras dure el proceso.
En el mejor escenario, la empresa podría solicitar acceso limitado únicamente para pago de nómina, pero no para operaciones comerciales.
Ganador Azteca opera en México plataformas de apuestas como Bet365 y Betano, razón por la cual impugna el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite los bloqueos de la UIF sin supervisión judicial.
Aunque ese artículo fue declarado inconstitucional hace años, continúa aplicándose bajo criterios internacionales contra lavado de dinero.
La investigación incluye 13 casinos y detectó movimientos incompatibles con los perfiles de intermediarios
El 11 de noviembre, Gobernación y Hacienda anunciaron acciones contra 13 casinos por operaciones financieras sospechosas; más tarde, Grupo Salinas confirmó que entre ellos estaban Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca.
Las autoridades federales detectaron que personas sin perfil económico —amas de casa, estudiantes, desempleados y jubilados— movían grandes cantidades de dinero para terceros, un patrón típico de blanqueo de capitales.
Tras los hallazgos, tanto la FGR como la Procuraduría Fiscal iniciaron procesos por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
Un segundo golpe: la SCJN ordena a Salinas pagar otros 67 millones de pesos
En paralelo a la investigación de la UIF, la Suprema Corte resolvió un caso fiscal contra Nueva Elektra del Milenio, empresa del mismo grupo.
La Corte determinó que Salinas Pliego debe pagar 67 millones 165 mil 827 pesos, correspondientes a una multa por declarar una pérdida fiscal mayor a la real en 2012.
Este monto se suma a los más de 48 mil millones de pesos que el empresario adeuda al SAT por otros créditos fiscales.
El asunto fue discutido en el Pleno, donde los ministros decidieron revocar una resolución previa que había favorecido al empresario.
La ministra Lenia Batres presentó el proyecto para corregir el fallo del tribunal colegiado.
Además, se aplazó un segundo caso, donde Totalplay busca evitar el pago de 645 millones 763 mil 797 pesos por deducciones indebidas.
Mientras enfrenta investigaciones, Salinas Pliego insiste en hablar de “persecución”
Tras confirmarse las acciones de la UIF, Grupo Salinas denunció ser víctima de una supuesta “persecución de Estado”, discurso que el empresario ha repetido en sus redes para intentar presentar los procesos judiciales como ataques políticos.
Sin embargo, las investigaciones provienen de órganos financieros, fiscales y judiciales, y no de áreas políticas, lo cual desmonta la narrativa opositora que intenta posicionar mediáticamente.
Una estrategia legal, mediática y política en paralelo
Mientras busca amparos para descongelar cuentas y evitar pagos fiscales millonarios:
- TV Azteca, ADN40 y filiales amplifican la narrativa de víctima.
- Salinas Pliego acusa públicamente al gobierno.
- La oposición lo respalda y repite su discurso.
Sin embargo, la UIF, Hacienda y la SCJN sostienen que los procedimientos responden a conductas financieras irregulares, no a motivaciones políticas.
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