Claudia Sheinbaum respaldó la expropiación de propiedades vinculadas a Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, al considerar que estos bienes fueron obtenidos mediante prácticas de corrupción inmobiliaria y lavado de dinero. La presidenta federal destacó que esta acción impulsa la necesidad de reformar la Ley de Extinción de Dominio para facilitar la recuperación de bienes adquiridos de forma ilícita y destinarlos a proyectos sociales, como la construcción de universidades y escuelas públicas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la legislación actual presenta obstáculos para aplicar la extinción de dominio, incluso cuando existen sentencias condenatorias. Por ello, anunció una iniciativa para agilizar estos procesos, en especial cuando haya pruebas de que los bienes provienen de recursos desviados o actos corruptos.
Por otro lado, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha impulsado la medida que contempla la expropiación de tres terrenos relacionados con Moreno, ubicados en el fraccionamiento “Miramar”. Dos de estos terrenos están registrados a nombre de un presunto prestanombres, mientras que el tercero corresponde a la madre del exgobernador priista. La mandataria estatal describió que las propiedades cuentan con lujosas instalaciones y que la compra se realizó a través de un esquema irregular, similar a una “dación de pago”.
Sansores aclaró que el proceso de expropiación respeta los derechos legales de los propietarios, incluido el derecho a audiencia y la posibilidad de negociar el precio. Sin embargo, afirmó que, una vez declarada la utilidad pública, la obra no se detendrá, y se espera que la construcción de la sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos inicie en un plazo aproximado de mes y medio.
Desde su perspectiva, Sheinbaum señaló que este caso puede sentar un precedente para otros estados, al ejemplificar cómo los bienes obtenidos ilícitamente deben regresar a la sociedad. Además, adelantó que la reforma legal incluirá un enfoque más amplio, que abarcará delitos como el desvío de recursos y la obtención de “moches”.
En respuesta, Alejandro Moreno anunció que presentará denuncias legales contra Claudia Sheinbaum, argumentando que las acusaciones carecen de fundamento y buscan afectarlo políticamente. El dirigente priista aseguró que su patrimonio ha sido avalado por el máximo órgano judicial del país, lo que, según él, desmiente las imputaciones en su contra.
Moreno criticó el uso político que, a su juicio, se está dando a estas denuncias, y acusó al partido oficialista de proteger a miembros de su gabinete supuestamente vinculados con el crimen organizado. También lamentó lo que considera una doble moral en el trato a opositores y gobernantes afines.
Asimismo, atribuyó la expropiación de terrenos a una estrategia para distraer la atención de asuntos más graves, como el “huachicol fiscal”, al que calificó como el mayor fraude en la historia de México. De manera contundente, denunció un avance hacia un régimen autoritario, y comparó la administración actual con una “narcodictadura terrorista y comunista” similar a la de Venezuela.
Finalmente, hizo un llamado a la sociedad para resistir la intimidación y defender la democracia, asegurando que ninguna amenaza lo hará retroceder.
Este enfrentamiento político promete intensificarse en los próximos meses, con repercusiones directas en el panorama electoral y legislativo de México.
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