A poco más de un año de que deba definirse la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sucesión de Hugo Aguilar Ortiz comienza a generar tensiones internas y dudas sobre quién deberá encabezar el máximo tribunal a partir de 2027. El propio ministro presidente reconoció que la discusión puede provocar diferencias en el Pleno, aunque considera inconveniente abrirla durante 2026 para no alterar los acuerdos alcanzados entre sus integrantes.
El principal foco de incertidumbre se encuentra en dos disposiciones constitucionales que establecen mecanismos distintos para definir la Presidencia de la Corte. El artículo 94 ordena una renovación cada dos años mediante rotación conforme al número de votos obtenidos en la elección judicial; sin embargo, el artículo 97 conserva la disposición que establece un periodo de cuatro años y una elección realizada por el propio Pleno. La contradicción deberá resolverse antes de concretar el relevo.
Bajo la regla contenida en el artículo 94, Lenia Batres Guadarrama aparece como la principal figura para suceder a Aguilar, al haber obtenido 5 millones 534 mil 681 votos en la elección judicial de 2025, sólo detrás de los 5 millones 900 mil 789 sufragios alcanzados por el actual presidente. Este escenario ya genera inquietud entre distintos sectores, incluidos empresarios que han planteado a Claudia Sheinbaum sus preocupaciones sobre un eventual relevo.
La incertidumbre aumenta porque dentro de la Corte también circula un escenario que colocaría a Yasmín Esquivel Mossa como posible aspirante a la Presidencia, particularmente si prevalece una interpretación que permita al Pleno elegir directamente a quien encabece el tribunal. Por ahora, no existe una candidatura formal ni se ha establecido el procedimiento que deberá utilizarse, lo que mantiene abierta una disputa jurídica y política sobre la sucesión.
Aguilar calcula que aún permanecerá aproximadamente 13 meses al frente de la SCJN, pero la duración real de su presidencia dependerá de cómo se resuelva la contradicción constitucional. El ministro ha optado por aplazar el debate para preservar la estabilidad interna; sin embargo, la combinación de reglas enfrentadas, posibles sucesoras y preocupaciones externas anticipa una discusión relevante por el control institucional de la Corte rumbo a septiembre de 2027.