La entrevista de Eduardo Verástegui con la escritora y comunicadora Sabina Berman, grabada para el programa Largo Aliento de Canal 14, no fue transmitida tras un análisis de contenido realizado por los propios medios públicos. La decisión detonó una ofensiva discursiva del actor y productor, quien convirtió la no transmisión en un señalamiento de censura estatal y llevó el conflicto más allá del ámbito editorial.
Verástegui aseguró en redes sociales que la entrevista estaba programada para salir al aire y que no recibió claridad sobre lo ocurrido, por lo que comenzó a cuestionar públicamente a la conductora y a los responsables de programación. En sus mensajes, sostuvo que el hecho podría constituir un acto de censura y que, de confirmarse, sería “grave” que un canal público impidiera a los mexicanos escuchar lo que su movimiento tiene que decir.
Sin embargo, Canal 14 y Canal Once respondieron de manera conjunta. A través de sus Defensorías de las Audiencias, informaron que la entrevista no se ajustó a los principios rectores, objetivos y mandatos constitucionales y legales que rigen a ambos medios. El comunicado señaló violaciones a los derechos de las audiencias al promover una noción política contraria a los derechos de las mujeres y de otros grupos en situación de vulnerabilidad, con fundamento en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Pese a ello, Verástegui insistió en una narrativa de victimización, acusando al Estado mexicano de restringir la libertad de expresión y presentándose como blanco de discriminación ideológica y religiosa. En ese marco, escaló el conflicto al plano internacional, al escribir al Papa León XIV y llamar a que actores políticos de Estados Unidos —incluidos el presidente y el secretario de Estado— “observen con atención” la situación que atraviesa México.
Las Defensorías subrayaron que la libertad de expresión en los medios públicos está garantizada, pero acotada al respeto irrestricto de los derechos humanos, así como a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución. El contraste quedó marcado: mientras los medios argumentaron límites legales y editoriales, Verástegui reencuadró la decisión como persecución política y la utilizó para amplificar su discurso fuera del país.
La polémica, iniciada por una decisión editorial sustentada en un análisis de contenido, terminó reconvertida en un alegato internacional que coloca a los medios públicos y al Estado mexicano bajo señalamientos externos, a partir de una narrativa de censura selectiva promovida por el propio entrevistado.
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