El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, salió en defensa de la propuesta para reformar la Ley de Amparo, enfatizando que dicha reforma no perjudicará a la población honesta, sino que busca limitar los abusos de quienes usan este recurso legal para evadir la justicia o retrasar procesos judiciales.
Durante una entrevista radiofónica, Zaldívar dejó claro que quienes realmente deberían preocuparse por la modificación son los delincuentes, evasores fiscales y lavadores de dinero, grupos que históricamente han aprovechado las lagunas legales para prolongar juicios o evitar sanciones. En contraste, afirmó que la mayoría de los ciudadanos serán beneficiados porque la reforma pretende simplificar y agilizar el acceso al amparo, además de impulsar su digitalización para hacerlo más accesible.
El funcionario recordó que el juicio de amparo ya ha sido ajustado en el pasado para corregir excesos, como cuando ciertos deudores o negocios irregulares recurrían a este mecanismo para evadir responsabilidades legales. Precisó que esta nueva reforma no está dirigida a casos específicos ni personas particulares, aunque de manera indirecta se refirió a figuras como Ricardo Salinas Pliego, empresario señalado por utilizar recursos de amparo para retrasar procesos.
Sin mencionarlo directamente, Zaldívar sugirió que existen diversos casos similares en los que se emplean recursos legales para manipular los tiempos judiciales, lo que retrasa la impartición de justicia. En este sentido, subrayó que la reforma busca combatir prácticas dilatorias que afectan la eficiencia del sistema judicial.
Además, el exministro de la Suprema Corte destacó que la propuesta no representa un cambio extraordinario, sino una adecuación necesaria para actualizar el sistema judicial mexicano a las condiciones actuales. Explicó que quienes podrían verse afectados son aquellos abogados y despachos que han convertido el amparo en un instrumento para prolongar indefinidamente litigios.
Finalmente, Zaldívar ubicó esta reforma dentro de un plan más amplio de transformación del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar un acceso más sencillo, rápido y justo a los mecanismos de defensa constitucional.
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