El modelo de seguridad impulsado por el presidente de Nayib Bukele ha ganado protagonismo en América Latina por sus resultados inmediatos en la reducción de la violencia, pero también ha encendido alarmas por posibles violaciones a derechos humanos y debilitamiento institucional.
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, más de 90 mil personas han sido detenidas, una cifra que el gobierno salvadoreño presenta como prueba del éxito de su estrategia contra las pandillas. Sin embargo, diversas organizaciones advierten que una parte significativa de los detenidos no tenía vínculos comprobados con estructuras criminales, lo que abre cuestionamientos sobre el debido proceso.
La controversia se intensificó tras el choque político entre Bukele y el presidente colombiano Gustavo Petro, quien cuestionó las condiciones del sistema penitenciario salvadoreño. La respuesta del mandatario centroamericano, cargada de ironía, evidenció una confrontación de fondo entre dos visiones: la seguridad basada en mano dura y la defensa de garantías legales.
Desde el ámbito de derechos humanos, la especialista Diana Sepúlveda considera que el problema no radica únicamente en combatir el crimen, sino en la forma en que se hace. Según su análisis, el enfoque salvadoreño ha derivado en una lógica de castigo masivo que debilita principios fundamentales como el debido proceso, lo que sugiere la existencia de prácticas sistemáticas más que errores aislados.
En la misma línea, Juanita Goebertus advierte que el discurso oficial plantea una falsa disyuntiva: seguridad o derechos. Desde su perspectiva, es posible implementar políticas efectivas sin sacrificar las libertades fundamentales, por lo que cuestiona la narrativa que justifica restricciones amplias a los derechos ciudadanos.
No obstante, otras voces reconocen matices. La politóloga Fátima Peña señala que la estrategia sí ha generado mejoras tangibles en la vida cotidiana de muchas comunidades, especialmente aquellas que vivían bajo el control de pandillas. La reducción de homicidios, explica, representa un cambio significativo en un país históricamente marcado por la violencia.
A pesar de ello, la especialista también advierte que estos avances tienen consecuencias. En su evaluación, la eliminación de garantías básicas puede convertir al Estado en un actor que vulnera a sus propios ciudadanos, lo que plantea un dilema profundo sobre los límites del poder en contextos de crisis.
El impacto del modelo ha trascendido fronteras. Países como Colombia han comenzado a explorar medidas similares, incluyendo la construcción de megacárceles, aunque sin adoptar plenamente el esquema salvadoreño. Este interés refleja cómo la promesa de resultados rápidos frente a problemas estructurales de inseguridad resulta políticamente atractiva.
Sin embargo, expertos coinciden en que replicar este modelo no es sencillo. Para Sepúlveda, su aparente eficacia podría no ser sostenible en el tiempo, ya que debilita el estado de derecho. En contextos como el colombiano, con antecedentes de conflicto armado, su implementación podría incluso contradecir avances en justicia y derechos humanos.
Por su parte, el periodista Paolo Luers interpreta el auge del modelo como consecuencia de la falta de alternativas eficaces en la región. Desde su visión, la ausencia de estrategias de seguridad democráticas ha dejado espacio para propuestas más radicales, que, aunque cuestionadas, conectan con el hartazgo social frente a la violencia.
En ese escenario, el modelo Bukele se posiciona como un referente polémico: efectivo en el corto plazo, pero con interrogantes profundas sobre su impacto a largo plazo en la democracia y los derechos humanos.