La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Alejandro Moreno Cárdenas y al PRI retirar distintas publicaciones en redes sociales en las que utilizaron expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno” y “Cártel de Morena” para referirse al partido oficialista. La medida cautelar derivó de una queja presentada por Morena, que acusó la difusión de señalamientos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada sin elementos que los acreditaran.
Durante una sesión extraordinaria, la autoridad electoral analizó cinco publicaciones difundidas desde la cuenta del dirigente priista y cuatro mensajes o republicaciones realizadas desde los perfiles oficiales del PRI. La Comisión consideró, de manera preliminar, que esos contenidos podrían atribuir hechos o delitos falsos al partido denunciante, por lo que ordenó retirarlos mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
Morena sostuvo ante el organismo electoral que las expresiones utilizadas por Alejandro Moreno rebasaban los límites de la crítica política al vincular directamente al partido con actividades criminales. Sin embargo, el INE declaró improcedente la tutela preventiva solicitada para evitar mensajes similares en el futuro, debido a que se trataba de posibles actos todavía inciertos y que no habían ocurrido.
Tras conocerse la resolución, Alejandro Moreno informó que el PRI acatará la determinación, aunque la impugnará por la vía legal. El dirigente consideró que la medida limita el debate político y favorece a Morena, además de advertir que podría generar un precedente que, desde su perspectiva, afectaría también a periodistas y medios de comunicación mediante procedimientos por expresiones críticas.
El presidente nacional del PRI también anunció que presentará denuncias contra el INE ante instancias nacionales e internacionales y que mantendrá su confrontación política con Morena. Mientras el priismo acusa una restricción a la libertad de expresión, la autoridad electoral sostiene que su intervención busca evitar la difusión de imputaciones sin sustento, por lo que el conflicto continuará en tribunales electorales.