El congresista republicano Carlos A. Giménez calificó a Morena como un “narcopartido” y utilizó la acusación federal contra Rubén Rocha Moya para respaldar su señalamiento. Desde sus redes sociales, el legislador de Florida también sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum buscaría silenciar a quienes relacionan al partido gobernante con el crimen organizado. Sus declaraciones corresponden a una postura política individual y no a una resolución del Congreso ni a un posicionamiento oficial del Gobierno de Estados Unidos.
Giménez difundió una infografía relacionada con el proceso abierto en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa y aseguró que los señalamientos contra Morena contarían con elementos suficientes. Sin embargo, la acusación presentada contra un funcionario no constituye una determinación judicial contra la totalidad de un partido político, por lo que el calificativo empleado por el congresista permanece en el terreno de la confrontación política.
El Departamento de Justicia estadounidense informó el 29 de abril de 2026 que Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa fueron acusados de conspirar presuntamente con integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos. La fiscalía sostiene que los señalados habrían brindado protección institucional a cambio de apoyo político y sobornos; en el caso del gobernador, los cargos corresponden a conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas.
La propia autoridad estadounidense puntualizó que los cargos constituyen acusaciones y que todos los señalados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria. En caso de ser declarado culpable, Rocha Moya podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una condena máxima de cadena perpetua, aunque cualquier sanción dependerá del desarrollo del proceso y de la determinación de un juez.
El mensaje de Giménez amplió las repercusiones políticas del expediente al trasladar las imputaciones contra Rocha Moya hacia Morena y hacia la relación bilateral. El caso abrió un nuevo frente discursivo entre sectores republicanos, el Gobierno mexicano y la oposición nacional, en medio del debate sobre seguridad, soberanía y libertad de expresión. No obstante, hasta ahora la imputación federal se dirige contra personas determinadas y no representa una sentencia ni una acusación judicial contra Morena como organización política.