El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, mediante el cual incorporó nuevas causas para impedir el ingreso a Argentina, cancelar residencias o expulsar a personas extranjeras. La medida alcanza a quienes difundan mensajes de odio o inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra alguno de sus ciudadanos debido a su nacionalidad.
La disposición también contempla a extranjeros que realicen, participen o promuevan actos de ultraje contra la bandera, el escudo, el himno u otros símbolos patrios. El Gobierno argentino argumentó que recientemente aumentaron las expresiones de hostilidad contra la población, su cultura y su identidad nacional, situación que, desde su perspectiva, representa un riesgo para la convivencia y la paz social.
El decreto establece que las opiniones ideológicas y las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas constitucionalmente no podrán utilizarse como motivos de expulsión. No obstante, la norma no detalla cómo determinarán las autoridades la diferencia entre una manifestación legítima y un mensaje sancionable, lo que abrió dudas sobre los criterios que empleará la Dirección Nacional de Migraciones.
La decisión surgió después de que el Gobierno de Milei denunciara una supuesta “campaña anti-Argentina” tras la derrota de la selección frente a España en la final del Mundial de 2026. Las críticas difundidas en redes sociales estuvieron relacionadas con presuntas ayudas arbitrales, señalamientos de racismo y la conducta de jugadores y aficionados argentinos durante el torneo.
Milei responsabilizó, sin presentar pruebas públicas, a los gobiernos de Brasil y México, así como al Partido Demócrata de Estados Unidos, de financiar o respaldar esa campaña. Claudia Sheinbaum rechazó que su administración participara en acciones contra Argentina. El decreto deberá ser revisado por la Comisión Bicameral Permanente y posteriormente tratado por las cámaras del Congreso argentino para determinar su validez.