El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García presentará ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que podría marcar un precedente en materia digital, al respaldar las facultades del Estado para ordenar el bloqueo de contenidos en Internet en defensa de derechos de autor.
La propuesta del ministro plantea confirmar una resolución previa que negó un amparo promovido por la empresa Total Play, perteneciente al Grupo Salinas, con lo que se validaría la actuación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
En su análisis, Guerrero García sostiene que las medidas implementadas por el IMPI se ajustan al marco constitucional, particularmente al considerar que la protección de la propiedad intelectual puede justificar restricciones a otros derechos cuando existe una afectación a terceros.
El proyecto también retoma criterios previos del máximo tribunal para explicar que derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información no son absolutos, sino que deben coexistir con otros principios legales, como la protección de derechos de autor.
El caso se originó tras la detección de sitios que difundían contenido audiovisual sin autorización, lo que llevó al IMPI a ordenar su bloqueo a proveedores de internet. Posteriormente, Total Play impugnó la medida al considerar que excedía facultades regulatorias y afectaba derechos fundamentales, argumentos que fueron desestimados en instancias previas.
De ser aprobado, el planteamiento del ministro implicaría un respaldo judicial a las acciones del Estado para combatir la piratería digital mediante el bloqueo de plataformas, consolidando un criterio relevante en el entorno digital mexicano.
Además, el asunto forma parte de una jornada clave en la Corte, donde también se prevé discutir otro caso relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, lo que coloca al grupo empresarial en el centro de decisiones judiciales de alto impacto.
El proyecto de Guerrero García no solo aborda un caso específico, sino que perfila una postura sobre los límites y alcances de la regulación en internet, en un contexto donde el equilibrio entre derechos digitales y propiedad intelectual sigue siendo tema de debate.
De avalarse su propuesta, el expediente regresaría a un tribunal colegiado para resolver aspectos pendientes, mientras que el criterio constitucional sobre el bloqueo de contenidos quedaría definido por la SCJN.