El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, habría sido ordenado después de que una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación interpretara sus acciones como una “provocación”. La línea de investigación se sostiene en declaraciones de detenidos, comunicaciones intervenidas y trabajos de inteligencia realizados después del crimen, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la información presentada por el funcionario federal, las posturas públicas de Manzo contra la delincuencia organizada, sus denuncias sobre las extorsiones en Uruapan y su participación en operativos de seguridad fueron consideradas por el grupo criminal como un desafío directo a sus actividades. Harfuch aclaró que esta versión proviene de los testimonios recabados y que corresponderá a la Fiscalía establecer jurídicamente el móvil conforme avance el proceso penal.
Las investigaciones también derivaron en la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio y dirigente de “Los Rs”, una célula relacionada con el CJNG que operaba en Michoacán y Jalisco. Su detención ocurrió en Atotonilco, Jalisco, después de un operativo en el que participaron instituciones federales de seguridad.
Con la aprehensión de “R1”, el número de personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo aumentó a 31. Entre los implicados se encuentran presuntos autores materiales, coordinadores, reclutadores, operadores logísticos y funcionarios que habrían proporcionado información sobre los movimientos del alcalde. Las indagatorias permitieron reconstruir una red que utilizaba jóvenes armados y grupos de mensajería para vigilar y planear el ataque.
Sobre la posible participación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, Harfuch señaló que existen indicios de que el entonces líder del CJNG conocía el plan para asesinar a Manzo, pero no hay elementos concluyentes que demuestren que dio la orden. Las autoridades atribuyen esa decisión presuntamente a “R1”, mientras el expediente permanece abierto para identificar a todos los participantes y determinar sus responsabilidades ante los tribunales.