El Partido Acción Nacional (PAN) llevó al terreno político un nuevo señalamiento al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en la Embajada de México en Reino Unido durante la gestión de Marcelo Ebrard como canciller.
El eje de la acusación fue expuesto por el diputado panista Marcelo Torres, quien señaló que el hijo del exfuncionario habría permanecido cerca de seis meses en la residencia oficial sin contar con un cargo público que justificara su estancia, lo que, según el PAN, implicaría el uso de recursos públicos.
A partir de este hecho, el PAN integró una denuncia que incluye posibles delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento, construyendo un caso amplio que aún no cuenta con una resolución oficial por parte de las autoridades.
Además, la denuncia también involucra a la exembajadora Josefa González-Blanco Ortiz Mena, así como a otras personas que pudieran resultar responsables, ampliando el alcance de los señalamientos.
Sin que exista hasta el momento una determinación judicial, el PAN trasladó el caso al espacio público, posicionando la narrativa de irregularidades en torno al uso de instalaciones, servicios y recursos en la representación diplomática en Reino Unido.
El legislador panista aseguró que el objetivo de la denuncia es garantizar la legalidad y la rendición de cuentas; sin embargo, la exposición mediática del caso ocurre en paralelo a acusaciones directas, lo que coloca el tema en un escenario de confrontación política.
En ese sentido, el PAN no solo presentó la denuncia formal, sino que también solicitó a la FGR la comparecencia de los implicados, así como la revisión de registros, bitácoras y documentación administrativa que permita esclarecer los hechos, elevando la presión pública sobre el caso antes de que se definan responsabilidades.
Así, el señalamiento se configura no solo como un proceso legal en curso, sino como un episodio donde la exigencia de investigaciones y la difusión de acusaciones se convierten en herramientas de posicionamiento político, en medio de un caso que aún se encuentra en etapa de revisión por parte de las autoridades.